Un mes de conflicto era un chiste. Tres meses, se convirtieron en una preocupación. Tuvieron que pasar tres meses para que los argentinos podamos ver lo que se tendría que haber hecho el 11 de marzo pasado. La mal llamada ‘Ley de Retenciones’ llegó al recinto de la Cámara Baja del Congreso. El motivo del debate fue la ratificación de la resolución 125, disparador del conflicto, que ejecutó el ex ministro de economía Martín Lousteau. La iniciativa del proyecto de ley prevé la conformación del fondo de redistribución social y determina que el Ministerio de Planificación será el responsable de las futuras obras. En el primero de los ocho artículos, el proyecto contempla precisamente la ratificación de la resolución 125 anunciada el 11 de marzo y su modificatoria 141, con el cual se modificaron los precios topes y sus respectivas alícuotas, y las complementarias 284 y 285, destinadas a mejorar la situación de los pequeños productores. El segundo artículo determina que el tratamiento parlamentario será "sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultados ejercidas para ello", tal como estipula el Código Aduanero. Los artículos 3, 4 y 5 crean el Fondo de Redistribución Social que destina un 60 por ciento de lo recaudado vía retenciones a la soja para la construcción de hospitales públicos y centros de salud; un 20 por ciento a viviendas populares y otro 20 a la realización de caminos rurales. El artículo 6 delega el manejo de los fondos en el Ministerio de Planificación Federal. Los artículos 7° y 8° son de forma.
Con siete votos de diferencia y dos abstenciones (129 – 122), el oficialismo logró su tan ansiada aprobación en la Cámara de diputados. Ahora van por la Cámara Alta.
Hay que detenernos en un punto y es en la maratónica sesión llevada a cabo para lograr esta sanción. Desde hacía casi cinco años el Congreso era tan solo una escribanía, y ahora se aboga por la ‘democratización’ y el ‘aumento del respaldo institucional’ de la medida de la controversia. A lo que apunto es que estas sesiones y deliberaciones – propias del poder Legislativo y por ende de senadores y diputados – se tenían que llevar a cabo a lo sumo la semana del 11 de marzo. Por el contrario, se decidió aplicarla a través de un decreto con carácter de necesidad y urgencia.
Lo más curioso fue el drástico cambio de parecer de algunos legisladores del interior o de aquellos partidos con poca representación parlamentaria. La gran mayoría se encontraban en el status de ‘dudosos’. Pero incluso había otros que habían expresado abiertamente su rechazo al proyecto oficial. Todos ellos votaron a ciegas por la ratificación, y su voto estuvo, coincidentemente, relacionado con la noticia de respaldos económicos para sus ciudades o provincias de origen. Qué lamentable. No entiendo cómo pueden volver a sus ciudades y ver a los ojos a aquellos pocos que los votaron. En realidad sí lo entiendo, pero no lo quiero creer. Porque vamos a llegar al Bicentenario sin un compromiso pleno con la ciudadanía ni con la Nación. Y me incluyo porque, si bien no he votado aun, formo parte de esta sociedad argentina.
Si hay algo que destacar de esta situación, es el real debate desatado en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se pudieron apreciar muy buenos argumentos de parte de todas las bancadas, inclusive de la tan golpeada y, por estos tiempos, desaparecida oposición.
Más allá de esto hay que considerar que después de tantos años el Congreso cobró vida, y, al mismo tiempo, aparecieron por los pasillos de las comisiones y los bloques viejos fantasmas de la década pasada, tanto legisladores – que uno pensaba o tenía la ilusión de que ya no ocupaban una banca - como el propio fantasma Banelco, por supuesto.
Con siete votos de diferencia y dos abstenciones (129 – 122), el oficialismo logró su tan ansiada aprobación en la Cámara de diputados. Ahora van por la Cámara Alta.
Hay que detenernos en un punto y es en la maratónica sesión llevada a cabo para lograr esta sanción. Desde hacía casi cinco años el Congreso era tan solo una escribanía, y ahora se aboga por la ‘democratización’ y el ‘aumento del respaldo institucional’ de la medida de la controversia. A lo que apunto es que estas sesiones y deliberaciones – propias del poder Legislativo y por ende de senadores y diputados – se tenían que llevar a cabo a lo sumo la semana del 11 de marzo. Por el contrario, se decidió aplicarla a través de un decreto con carácter de necesidad y urgencia.
Lo más curioso fue el drástico cambio de parecer de algunos legisladores del interior o de aquellos partidos con poca representación parlamentaria. La gran mayoría se encontraban en el status de ‘dudosos’. Pero incluso había otros que habían expresado abiertamente su rechazo al proyecto oficial. Todos ellos votaron a ciegas por la ratificación, y su voto estuvo, coincidentemente, relacionado con la noticia de respaldos económicos para sus ciudades o provincias de origen. Qué lamentable. No entiendo cómo pueden volver a sus ciudades y ver a los ojos a aquellos pocos que los votaron. En realidad sí lo entiendo, pero no lo quiero creer. Porque vamos a llegar al Bicentenario sin un compromiso pleno con la ciudadanía ni con la Nación. Y me incluyo porque, si bien no he votado aun, formo parte de esta sociedad argentina.
Si hay algo que destacar de esta situación, es el real debate desatado en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se pudieron apreciar muy buenos argumentos de parte de todas las bancadas, inclusive de la tan golpeada y, por estos tiempos, desaparecida oposición.
Más allá de esto hay que considerar que después de tantos años el Congreso cobró vida, y, al mismo tiempo, aparecieron por los pasillos de las comisiones y los bloques viejos fantasmas de la década pasada, tanto legisladores – que uno pensaba o tenía la ilusión de que ya no ocupaban una banca - como el propio fantasma Banelco, por supuesto.
Por Juan I. Agarzúa
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